La desnudez en las playas en manos del Tribunal Supremo

En 1988, tras algunos problemas en las playas gallegas, nuestros legisladores cerraron por unanimidad la puerta a la posibilidad de los poderes públicos de dictar nuestra vestimenta, especialmente en las playas o lugares de baño. El gobierno suprimió mediante la Ley Orgánica 5/1988 el específico artículo 577.1 que penaba a

«Los que se bañaren faltando a las reglas de decencia o de seguridad establecidas por la Autoridad serán castigados con multas de 500 a 5.000 pesetas y con represión privada»

El Tribunal Superior de Andalucía introduce en su sentencia una referencia al ese artículo del CP pero no saca de ello las dos consecuencias sencilla y necesarias:
1.- que fue abolido y por tanto no puede ser re-introducido por una mera ordenanza,
2.- y que las regulaciones que afectan a libertades han de hacerse mediante Ley Orgánica.

26 años después, son tres los Tribunales Superiores de Justicia (Cataluña, Castilla y León y Andalucía) los que desconociendo el sentir de los ciudadanos y los deseos unánimes de nuestros legisladores han dado marcha atrás y en cuatro sentencias permiten que cuatro ayuntamientos mantengan en sus ordenanzas la penalización de la desnudez. Nunca pensamos que habría que llegar al Tribunal Supremo para defender algo tan obvio y tan claro en nuestra legislación.

Por ello la Federación Española de Naturismo ha puesto hoy también la cuarta de estas Sentencias en manos de el Supremo. La Asociación Naturista-Nudista de Andalucía, ANNA, integrada en la FEN, así se lo ha solicitado a la FEN una vez conoció la Sentencia. Sentencia que como las otras tres es de una gran pobreza y no está justificada en derecho.
Los Tribunales denunciados por los Naturistas ante el Supremo se empeñan en desconocer que:

«Todo el ejercicio del derecho fundamental está reservado a la Ley, y no puede por ello ser objeto directo de regulación por una Ordenanza municipal.” (Sentencia en casación del  TS 4118/2011, del 14 de febrero de 2013).

Por eso en nuestro recurso de hoy recordamos que:

“Por ello, porque determinar cómo debe aparecer, o cómo no, una persona afecta a sus derechos fundamentales, no cabe, de acuerdo con los textos reseñados de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de la Ley del Gobierno, que la administración lo haga. Cabe, cierto, es, pensar que quepa hacerse una regulación sobre esta materia, pero ello deberá hacerse necesariamente por el legislador, pues, como se lee en el artículo 53.1 de la Ley de Leyes, “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1 a).”, corresponde esa potestad al legislador, no a la administración. (Magistrado discrepante, Don Agustín Picón Palacio. Fundamento 5º, Sentencia de Valladolid)

El Tribunal Andaluz se empeña también en poner al mismo nivel actividades que suponen peligro físico o medioambiental (juegos, volar cometas, ducharse con detergentes,…) de las que vienen ocupándose habitualmente y correctamente las ordenanzas, con limitaciones que afectan a la libertad de expresión. Recurramos al Supremo, (Contencioso Administrativo, Sección 7ª, Recurso de Casación 4118/2011, 14 febrero 2013) para ver como se debe interpretar las limitaciones al 139 de la LBRL:

“Al no tratarse de conductas que produzcan consecuencias físicamente evaluables (como el ruido, las emanaciones de gases o fluidos, la emisión de ondas magnéticas, el ornato de la edificación, juegos, animales, que están sin duda en la génesis de la reforma de 2003 que alumbró los artículos 139 y 140 de la LBRL) resulta un puro ejercicio de voluntarismo reconocer en aquellas conductas la posibilidad perturbadora que permita encuadrarlas en el concepto legal -perturbación de la convivencia que afecta a la tranquilidad- aun cuando no se aceptara que lo irrelevante está fuera de la norma».

Como se ve, en ningún lugar se habla de daños morales hacia otros ciudadanos, coherentemente con el TC (Constitucional), que define el Orden público protegido por ley como “las situaciones en que se ponga en peligro la integridad física de las personas o de los bienes protegidos constitucionalmente” 
El Supremo no deja lugar a dudas de como deben interpretarse las competencias se establecen el artículo 139 de la Ley por la que se rigen los Ayuntamientos (LBRL):

“En todo caso, por muy amplia que sea la potestad de los Ayuntamientos para la regulación de infracciones y sanciones, no puede olvidarse que el art. 139 LBRL se refiere a «las relaciones de convivencia de interés local«, lo que de por sí obliga a suscitar la cuestión de si la limitación de un derecho fundamental, que por definición constitucional corresponde a todos los ciudadanos de la nación, puede considerarse como concerniente al interés local, para así poder atribuir a los gestores democráticos de ese interés la posibilidad de emanar regulaciones, que, al circunscribirse al ámbito espacial del ente, no resultan coextensas con el ámbito propio del derecho, de modo que el derecho resulte limitado en una parte del territorio nacional y no en otras.”

Por último el Tribunal andaluz establece una peligrosa conclusión, y es que “para que se cumplan mejor los fines que postula, estén en una zona habilitada al efecto.” Lo cual implicaría el establecimiento de zonas (playas) reservadas para un colectivo, el que no desea usar bañador para disfrutar de la playa, y que lógicamente tendría el derecho paralelo de que la autoridad exigiera a los ciudadanos que deseen acceder a estas “zonas habilitadas” a que les obliguen a prescindir de la ropa, que les multen y que les detengan por desobediencia si persisten en su terca actitud de usar ropa.